Habitantes de San Juan Atzingo denuncian la destrucción de aproximadamente 300 árboles diarios por tala clandestina en áreas protegidas y bienes comunales
Habitantes de la localidad tlahuica de San Juan Atzingo, en el municipio de Ocuilan, Estado de México, han elevado una denuncia urgente por la persistente tala ilegal que afecta sus bosques y bienes comunales. La destrucción, que continúa a diario, se estima en la remoción de aproximadamente 300 árboles de diversas especies en los bosques que rodean su comunidad y en áreas protegidas, como el Parque Nacional Lagunas de Zempoala.
A través de un video difundido en redes sociales, residentes de Santa Marta, otra comunidad dentro de la misma demarcación, evidenciaron cómo un grupo de presuntos talamontes moviliza más de 200 rollos de madera en 32 camionetas. Las imágenes muestran la presencia casi diaria de estos vehículos con madera en rollo en la zona, lo que refleja la gravedad de la situación y la impunidad con la que operan los responsables.
Eduardo González Gómez, presidente del Ayuntamiento Indígena Tlahuica de Atzingo, afirmó que la tala se mantiene constante, incluso en horarios nocturnos. “Como se observa en el video, eso sigue siendo a diario. La tala continúa sin cesar, y en la noche los taladores trasladan esa cantidad de madera desde los bosques o puntos cercanos, lo que ha reducido significativamente la extensión de los bosques y tiene consecuencias ecológicas y sociales”, declaró.
La problemática no solo afecta la flora, sino también la integridad de los caminos y vías de comunicación en la región. Los pobladores han documentado, mediante videos, cómo los talamontes cortan árboles con motosierras y los derriban sobre las carreteras en dirección a zonas boscosas en Ocuilan. La situación se ha vuelto tan descarada que los responsables incluso colocan obstáculos con árboles en las carreteras, sin que las autoridades actúen de forma efectiva para detener estos actos ilícitos.
“El problema de la tala ilegal sigue igual que siempre. A pesar de las denuncias, la autoridad no actúa de manera contundente. Solo realizan operativos esporádicos, pero se filtra la información. Los talamontes y dueños de aserraderos parecen estar siempre un paso adelante, escondiendo la madera y las máquinas antes de que lleguen las autoridades”, lamentó González Gómez.
Los habitantes denunciaron que la tala ilegal ha llegado a extenderse hasta las carreteras principales, donde los delincuentes cortan árboles que caen sobre las vías, bloqueando el tránsito y poniendo en riesgo a los conductores. La impunidad es tal que, incluso cuando se interrumpen los pasos, los responsables vuelven a operar sin temor a represalias.
Según cifras proporcionadas por los mismos pobladores, en la zona boscosa de Ocuilan se derriban aproximadamente 300 árboles cada día. La deforestación ha dejado algunas áreas completamente despejadas, especialmente en las partes altas, donde la pérdida de vegetación es visible y alarmante. La destrucción continúa sin que las acciones de las autoridades sean suficientes para frenar el daño.
En materia legal, el Código Penal del Estado de México establece inicialmente penas de dos a seis años de prisión por tala ilegal. Sin embargo, tras modificaciones recientes, las sanciones se han incrementado notablemente, y quienes cometan este delito en la entidad podrían enfrentar de 10 a 20 años de prisión, además de multas de mil a mil 500 días. En casos agravados, las penas pueden llegar hasta 110 años de cárcel, reflejando la gravedad de la problemática y la necesidad de endurecer las acciones contra la tala clandestina.
Las comunidades afectadas hacen un llamado a las autoridades para que refuercen las acciones y protección de sus bosques, que son parte de su patrimonio y un elemento vital para su supervivencia y cultura. La constante destrucción representa no solo una amenaza ecológica, sino también una vulneración de sus derechos y su forma de vida.
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