La Fiscalía de Estados Unidos decide no solicitar la pena capital contra el líder del Cártel de Sinaloa, en medio de negociaciones y controversias legales
La Fiscalía de Estados Unidos informó a la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, que ha decidido no solicitar la pena de muerte en contra de Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa. Esta decisión, que marca un cambio en la estrategia del gobierno estadounidense, fue comunicada mediante un documento judicial en el caso del líder criminal, quien actualmente tiene 77 años.
Un nuevo documento legal revela que el Fiscal General de Estados Unidos aceptó no solicitar la pena capital contra Zambada. La decisión fue comunicada a través de una carta enviada por la fiscal del caso, Joseph Nocella Jr., en la que se señala que la fiscal general Pamela Bondi autorizó y ordenó a la oficina de la fiscalía no buscar la condena de muerte. La carta, fechada el 5 de agosto, confirma que esta medida fue adoptada directamente por la máxima autoridad en la fiscalía estadounidense.
La determinación de no buscar la pena de muerte ha generado diversas reacciones, incluyendo sospechas de que “El Mayo” podría haber llegado a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. La noticia ha sido interpretada como un posible indicio de negociaciones en curso que podrían facilitar un acuerdo de culpabilidad o algún tipo de beneficio judicial para el capo sinaloense, quien enfrenta múltiples cargos en Estados Unidos.
Zambada enfrenta 17 cargos en territorio estadounidense. Entre estos se encuentran delitos de tráfico de drogas, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas, además de lavado de dinero, conspiración para cometer asesinatos y posesión de armas. La Fiscalía acusa a Zambada de liderar una organización criminal que generó miles de millones de dólares y ha sido responsable de una violencia significativa, incluyendo asesinatos y secuestros. La naturaleza de estos delitos ha tensado las relaciones entre México y Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con su extradición y las violaciones de tratados internacionales.
El traslado de Zambada desde México a Estados Unidos ha sido objeto de controversia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó transparencia a las autoridades estadounidenses respecto a la operación, pues afirmó que el traslado violó tratados de extradición y pudo haber ocurrido sin la debida autorización. La polémica también abarca acusaciones de que Zambada fue sacado del país sin cumplir con los procedimientos legales establecidos, lo que ha generado tensiones diplomáticas.
En cuanto a las negociaciones en curso, fiscales estadounidenses indicaron en enero de 2025 que estaban explorando un posible acuerdo de culpabilidad con Zambada, aunque su abogado ha manifestado que prefiere afrontar un juicio. En abril pasado, medios internacionales reportaron que la Fiscalía de Estados Unidos estaría considerando una resolución que acortaría el proceso judicial mediante un acuerdo de culpabilidad. Un documento del fiscal especial John Durham reveló que estaban debatiendo una “potencial resolución para acortar el juicio” tras intercambiar ciertos materiales de evidencia con la defensa del capo.
Este escenario refleja un contexto en el que las negociaciones judiciales y las decisiones de la fiscalía podrían influir en el futuro judicial de Zambada. La decisión de no solicitar la pena de muerte puede interpretarse como un movimiento estratégico dentro de un proceso que aún está en desarrollo, en medio de las tensiones diplomáticas y las diversas acusaciones que pesan sobre el líder del Cártel de Sinaloa.
