Factores internos y externos erosionan los compromisos ecológicos del país y del mundo
En los últimos diez años, la agenda ambiental en México y a nivel mundial ha experimentado un marcado declive, tanto en el discurso como en las acciones concretas. La percepción de que los compromisos con la protección del medio ambiente se están diluyendo resulta evidente en la realidad actual, donde la prioridad por la sostenibilidad se ha visto desplazada por intereses económicos y políticos.
Este proceso de deterioro ha sido impulsado por diversos factores. Uno de los más relevantes ha sido la resistencia de grandes consorcios económicos a ajustarse a los criterios de sostenibilidad y a la introducción de energías descarbonizadas. La presión de sectores vinculados a la explotación de hidrocarburos, minería y recursos naturales ha frenado avances sustantivos en políticas ecológicas, favoreciendo modelos extractivistas que priorizan las ganancias inmediatas.
Asimismo, el auge de los negacionismos ha contribuido a banalizar la crisis ambiental ocasionada por actividades humanas. La difusión de discursos que niegan o minimizan el cambio climático y sus efectos ha debilitado la voluntad política para adoptar medidas urgentes. Paralelamente, los conflictos bélicos en distintas regiones del mundo han desplazado la atención y los recursos hacia la guerra, dejando en segundo plano las políticas ambientales y de protección ecológica.
El ascenso de gobiernos populistas, tanto de derecha como de izquierda, ha exacerbado esta tendencia. En su afán por promover el nacionalismo y proteger intereses económicos, estos gobiernos han favorecido la explotación intensiva de hidrocarburos, minerales y otros recursos naturales, en detrimento de las políticas de conservación y sostenibilidad. La prioridad se ha centrado en potenciar la economía a corto plazo, relegando la protección del medio ambiente a un segundo plano.
El presente económico, caracterizado por un pragmatismo extremo, también ha contribuido a este declive. La visión centrada en las ganancias inmediatas, ignorando los desequilibrios ecológicos y futuros escenarios adversos, ha llevado a que la política ambiental se reduzca a acciones superficiales y de apariencia, dejando sin atender problemas profundos como la deforestación ilegal, el cambio de uso de suelo, la sobreexplotación minera y la privatización de recursos hídricos.
En Estados Unidos, el rechazo abierto y enérgico contra el ambientalismo ha tenido un impacto profundo en la definición de los compromisos internacionales. El denominado “Proyecto 2025”, elaborado por la Fundación Heritage y adoptado por la Administración Donald Trump, contempla propuestas que revierten los avances en materia ecológica. Este documento, de 150 páginas dentro de un total de 900, busca deshacer los compromisos de Estados Unidos con la protección ambiental y promover una política de desregulación en favor de la explotación de recursos.
La influencia del vecino del norte en las economías latinoamericanas y del mundo en general ha profundizado sus rasgos autoritarios, impulsando guerras arancelarias y presionando para reducir regulaciones ambientales. Estas acciones favorecen la sobreexplotación de recursos y ponen en riesgo los avances en materia ecológica, afectando a países vulnerables y limitando su capacidad de acción frente a la crisis climática.
En el caso de México, el retroceso en la política ambiental ha sido particularmente notorio. Desde 2019, el país ha desmantelado parte de su sector ecológico, debilitando su marco constitucional e institucional. La política ambiental mexicana se ha convertido en una entidad intrascendente, centrada en acciones de poca profundidad y escasa repercusión real. La pérdida de biodiversidad, la deforestación, la privatización del agua y la sobreexplotación minera evidencian un abandono de los compromisos ecológicos.
El Índice de Desempeño frente al Cambio Climático (CCPI) sitúa a México en el lugar 38 de 180 países, descendiendo siete posiciones entre 2023 y 2024. Además, el país se ubica en el quinto lugar mundial en pérdida de bosques y selvas, con unas 600 mil hectáreas deforestadas cada año, y en el noveno en emisiones de gases de efecto invernadero. Otros indicadores, como los evaluados por el Centro de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Yale, colocan a México en la posición 94, evidenciando un deterioro en la gestión ambiental.
Este desvanecimiento de la agenda ecológica ha provocado que el discurso gubernamental mexicano adopte un enfoque superficial, centrado en acciones de jardinería política que no enfrentan los problemas estructurales. La deforestación ilegal, el cambio de uso de suelo, la privatización del agua y la minería descontrolada continúan sin control, mientras que la inversión en justicia ambiental y justicia climática permanece en el olvido.
A pesar de ello, la amenaza de un replanteamiento profundo en la política ambiental mexicana no ha desaparecido. La próxima renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en la que se incluyen aspectos ambientales, podría abrir paso a medidas que reviertan los avances logrados. La eliminación de barreras comerciales no arancelarias, como las restricciones al ingreso del glifosato o el paso libre a la biotecnología agrícola, son señales preocupantes de una tendencia que favorece la explotación en detrimento del cuidado ecológico.
Superar esta crisis requiere una ruptura con el modelo actual y la adopción de una política de Estado que integre un enfoque ambiental, una visión internacional coordinada y un compromiso real con la protección de los recursos naturales. De no hacerlo, el país enfrentará consecuencias prácticas y sociales que podrían desbordar su gobernabilidad, como la destrucción de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y el empeoramiento de los efectos del cambio climático, poniendo en riesgo su estabilidad y bienestar.
