La entidad concentra el 10% de los reportes en México, con más de 12 mil incidentes en la primera mitad del año
El Estado de México ocupa la segunda posición a nivel nacional en número de casos de violencia familiar, registrando un total de 12,891 incidentes durante los primeros seis meses del año. Esta cifra representa aproximadamente el 10 por ciento de todos los reportes de violencia familiar recibidos en el país en ese período. La persistente presencia de esta problemática en la entidad evidencia su carácter como una de las principales prioridades en materia de seguridad y protección social.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, la violencia familiar es un fenómeno social que afecta a casi todos los países del mundo. Se define como el uso intencionado y reiterado de fuerza física o psicológica para controlar, manipular o dañar a un integrante del núcleo familiar. La problemática no distingue clases sociales, edades ni condiciones, y puede manifestarse de diversas formas, tanto en el ámbito psicológico, sexual, económico o físico.
La entidad forma parte de un grupo de cuatro estados que concentran el mayor número de delitos relacionados con violencia familiar en México. Estos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Guanajuato, los cuales suman 47,917 delitos en total, equivalentes al 35.8 por ciento de todos los reportes nacionales en este rubro. La concentración de casos en estas entidades refleja la magnitud del problema y la necesidad de implementar políticas públicas eficaces para su atención y prevención.
Por otro lado, existen estados con menor incidencia de violencia familiar. Entre ellos se encuentran Tlaxcala, Yucatán, Campeche, Chiapas, Michoacán, Nayarit y Guerrero. Estas entidades reportan menos del 1 por ciento del total nacional, lo que puede deberse a diversos factores, como menor denuncia, diferencias culturales o menores niveles de incidencia. Sin embargo, la problemática persiste en todos los ámbitos del territorio nacional, sin excepción.
La violencia familiar, además de ser un fenómeno social, tiene profundas implicaciones en la salud física y emocional de las víctimas. Entre sus manifestaciones más frecuentes se encuentran la violencia contra niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, quienes a menudo sufren castigos corporales, negligencia o abandono. Debido a sus características, estos grupos tienen dificultades para solicitar ayuda o denunciar los abusos.
Asimismo, la violencia en la pareja es una de las formas más frecuentes y complejas. Mujeres y hombres pueden ser afectados por insultos, golpes, indiferencia, menosprecio, ataques sexuales e, en casos extremos, por la privación de la vida. La violencia de pareja genera un impacto profundo en la estabilidad emocional y la integridad física de los afectados, además de perpetuar un ciclo de agresión que puede extenderse a generaciones.
Otra forma de violencia que afecta a las personas mayores incluye el abandono, las humillaciones, la indiferencia y la violencia económica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que en estos casos, la familia a menudo despoja a los adultos mayores de sus bienes o los somete a maltratos, lo que agrava aún más su vulnerabilidad y condición de indefensión. La protección de este grupo es fundamental para garantizar una vejez digna y libre de violencia.
El fenómeno de la violencia familiar requiere una atención integral que involucre a instituciones, organismos sociales y la comunidad en general. La denuncia y la atención temprana son claves para evitar que la situación se agrave y que las víctimas sufran daños irreparables. La implementación de juzgados especializados y campañas de sensibilización contribuyen a crear un entorno en el que las víctimas puedan buscar ayuda sin miedo.
Diversas manifestaciones de la violencia familiar hacen necesario fortalecer los mecanismos de protección y la capacitación de las instituciones encargadas de atender estos casos. La sensibilización social y la denuncia oportuna son pasos fundamentales para reducir la incidencia y ofrecer un entorno más seguro y justo para todos los integrantes de la familia.
El Estado de México, con su alto número de incidentes, representa un foco rojo en este escenario nacional. La persistencia de estos casos demanda acciones coordinadas y efectivas que permitan prevenir, atender y sancionar la violencia familiar en todas sus formas, garantizando así los derechos y la dignidad de las víctimas.